Un proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos con el objetivo de declarar de “interés prioritario y causa ambiental provincial” la protección del ecosistema del río Uruguay y de las poblaciones que dependen de él. La iniciativa, presentada por el diputado Mauro Godein, del bloque Juntos por Entre Ríos, tomará estado parlamentario en la próxima sesión, confirmó AIM.
La propuesta plantea la creación, en el ámbito de la Legislatura provincial, de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la “Causa Ambiental provincial”, que tendrá como finalidad monitorear y evaluar acciones o proyectos que puedan impactar sobre el río Uruguay y sus ecosistemas.
Además, el proyecto establece que cada vez que se detecten acciones con impacto directo sobre el río, el Poder Ejecutivo provincial deberá requerir formalmente al Poder Ejecutivo Nacional —a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto— la activación inmediata del mecanismo de consulta previsto en el Estatuto del Río Uruguay.
Existe una lección histórica en el conflicto por las plantas de celulosa (fallo de La Haya, 2010), que determinó con claridad que el cumplimiento de los procedimientos de consulta no es una opción diplomática, sino una obligación jurídica vinculante para ambas partes antes del inicio de cualquier obra con potencial impacto transfronterizo
Mauro Godein, diputado provincial.
En los fundamentos de la iniciativa, Godein señaló que “la Constitución de Entre Ríos, en su Artículo 22, define a la Provincia como una entidad con dominio originario sobre sus recursos naturales y establece que el agua es un bien público, esencial para la vida y el desarrollo, cuya gestión debe ser sustentable y protegida contra cualquier forma de degradación”.
El legislador agregó que “el Artículo 85 de la Carta Magna Provincial impone al Estado el deber de prevenir la contaminación de los ríos y sus lechos, asegurando la calidad del agua y la preservación de la biodiversidad, facultando a la Provincia a celebrar convenios y realizar gestiones internacionales en defensa de su ecosistema”.
En ese marco, el diputado advirtió sobre el posible impacto de proyectos industriales en la región y mencionó específicamente el emprendimiento que la empresa HIF Global impulsa en la ciudad uruguaya de Paysandú.
Según expresó en el proyecto, “un proyecto HIF Global en Paysandú, por su proximidad geográfica y escala industrial, representa un riesgo de ‘perjuicio sensible’ para las poblaciones ribereñas de Entre Ríos, afectando no solo el agua superficial del río Uruguay, sino también las reservas estratégicas del Acuífero Guaraní, sobre el cual Entre Ríos ejerce derechos soberanos de preservación”.
Godein también remarcó que la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) informó que el proyecto “no ha sido formalmente comunicado para su análisis técnico, lo que configura una omisión gravísima al deber de Información y Consulta Previa estipulado en los Artículos 7 al 13 del Estatuto del Río Uruguay”.
En los fundamentos se recuerda además el antecedente del conflicto por las plantas de celulosa entre Argentina y Uruguay. “Existe una lección histórica en el conflicto por las plantas de celulosa (fallo de La Haya, 2010), que determinó con claridad que el cumplimiento de los procedimientos de consulta no es una opción diplomática, sino una obligación jurídica vinculante para ambas partes antes del inicio de cualquier obra con potencial impacto transfronterizo”, sostuvo el legislador.
Asimismo, se menciona que “el Acuerdo de Escazú refuerza el derecho de la ciudadanía entrerriana a participar activamente y a acceder a toda la información ambiental generada en torno a este proyecto, obligando a los Estados a cooperar en la protección de las personas en situaciones de vulnerabilidad ambiental”.
El proyecto también advierte sobre las posibles consecuencias para la economía regional. En ese sentido, señala que “la economía de la microrregión de ‘Tierra de Palmares’, centrada en el turismo, la producción y el bienestar social, se vería directamente comprometida ante emanaciones gaseosas, contaminación acústica o visual, y el riesgo latente de accidentes químicos en una planta de esta envergadura”.
Finalmente, Godein afirmó que “la trascendencia de estos hechos, motivados por intereses que no se ponen en discusión aquí, sino que han avanzado en un proceso viciado por los incumplimientos de tratados entre dos estados rectores, hacen imperiosa la profundización de acciones reparadoras y además preventivas”, con el objetivo de resguardar el ecosistema y las comunidades vinculadas al río Uruguay.
