El STJ alertó a la Legislatura por la constitucionalidad de la reforma del sistema de juicio por jurado.

La advertencia se dio en el marco de una reunión de comisión de la Cámara de Diputados en la que se debatió el proyecto del Ejecutivo que apunta a restringir la cantidad de delitos que pueden ser juzgados por jurados populares. El vocal Daniel Carubia adelantó que no brindará su opinión sobre la iniciativa, ya que al hacerlo estaría adelantando su postura ante una eventual presentación por inconstitucionalidad.

El presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, vocal Daniel Carubia y la vocal Claudia Mizawak, asistieron este martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de la provincia donde se trató el proyecto de ley que propone modificaciones al artículo 2° de la ley 10.746, sancionada en 2019, de Juicio por Jurados. Concurrieron invitados por ese cuerpo, para participar del trabajo en comisión que se llevó a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara baja.

En la oportunidad, el vocal Carubia adelantó que no daría opinión alguna sobre el proyecto del Poder Ejecutivo ya que al hacerlo estaría adelantando su postura ante una eventual presentación por inconstitucionalidad.

El magistrado aportó los datos estadísticos sobre los juicios por jurados que se han realizado desde el 2020 a la fecha en Entre Ríos. También hizo referencia a que en otras provincias dicho instituto está limitado en relación a los delitos a juzgar. Y destacó que hoy, en Entre Ríos, no existe la posibilidad de dar respuesta a la cantidad de legajos que ingresan.

En ese sentido, describió, a modo de ejemplo, que en la provincia, sólo en dos jurisdicciones, Paraná y Concepción del Uruguay, hay salas adecuadas para desarrollar los debates respetando lo que establece la ley 10.746 en relación a la preservación de la identidad de los jurados y demás cuestiones específicas que se establecen en la norma.

Finalmente Carubia dijo que se apoya al instituto de Juicio por Jurados.

El Gobierno quiere modificar el sistema de juicio por jurados y entidades del derecho cuestionaron la iniciativa

Desde el Poder Judicial, estuvieron también en la reunión, invitados por la comisión que preside la diputada Gabriela Lena, el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García y el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez; quienes acompañaron la propuesta de reforma presentada por el Poder Ejecutivo que pretende reducir los delitos a ser juzgados en juicio por jurados. En ese sentido, sostuvieron que continuar juzgando los delitos contra la integridad sexual por ese instituto es revictimizar a las víctimas, tal como lo señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Argumentaron que esos casos deben ser juzgados por jueces técnicos quienes tienen una capacitación específica para abordar las cuestiones vinculadas a género y se evita así una mayor exposición de las víctimas.

Los representantes de los Ministerios Públicos recordaron que en 2019, cuando se debatía el proyecto de ley que finamente se aprobó, ya habían formulado tales objeciones.

Estuvieron también, el coordinador Legal y Administrativo de la Dirección General y Asuntos Legales, de la Secretaría General de la Gobernación, Cristhian Weber, quien fundamentó el proyecto presentado; la vicepresidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER); Andrea Saxer y la titular del Instituto de Derechos de la mujeres, Géneros y Disidencias del organismo, María Ariadna Del Porto.

Organizaciones críticas a la modificación de la ley de juicio por jurados advirtieron que no fueron convocadas al debate en Diputados

Desde la instauración del juicio por jurados en la provincia (Ley 10.746, de diciembre de 2019), hasta el pasado semestre, ingresaron a las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial de Entre Ríos 363 legajos a juicio para que se lleve a cabo ese procedimiento.

De estos 363 legajos, 148 fueron por delitos contra la vida (40,77 %); 182 contra la integridad sexual (50,14 %); 18 contra la propiedad (4,96 %); 3 contra la libertad (0,82 %); y 12 contra la seguridad pública (3,31 %). A su vez, de los 363 legajos, 65 fueron por delitos en grado de tentativa (17,91 %).

El mayor porcentaje de ingresos (50 %) de causas y de juicios realizados (50,56 %) son por delitos contra la integridad sexual. Los delitos en grado de tentativa (art. 2 de la Ley 10.746), implican un 17,95 % de ingresados y un 8,99 % de juzgados.

En medio de intentos de cambios, desde el Poder Judicial difunden estadísticas de los juicios por jurados.

El primer juicio por jurados comenzó el 10 de noviembre de 2020, en Paraná. La estadística elaborada por la Coordinación de Juicio por Jurados en el Poder Judicial -desde la implementación del sistema hasta el inicio de la feria judicial invernal del corriente año- refleja, de aquellos 363 legajos, lo siguiente:

  • Se llevaron a cabo 94 juicios por jurados (25,0 7%);
  • Se resolvieron por procedimiento abreviado: 133 (36,64 %);
  • Se encuentran pendientes (sin juicio realizado ni abreviado): 139 (38,29 %). (APFDigital)